Con el objetivo claro de la salvaguardia de los empleos de los profesionales de la seguridad privada y la garantía de sostenibilidad del sector, llevar a cabo de forma inmediata un análisis conjunto de las repercusiones actuales y futuras de la crisis sanitaria COVID 19 en el sector, incidiendo, en particular, en el impacto sobre algunos ámbitos especialmente afectados como el transporte de fondos y gestión del efectivo y los servicios de vigilancia en medios de transporte, integrando en este proceso tanto un enfoque sectorial como intersectorial, a fin de identificar las ventajas y efectos de una actuación conjunta con otras organizaciones igualmente afectadas y recabando, de ser preciso, apoyo adicional de un asesoramiento que complemente la actuación de las organizaciones sindicales y empresariales de la seguridad privada firmantes de este Convenio. Y en diciembre de 2013 GardaWorld acordó un acuerdo de gestión de efectivo de 12 años con Bank of America por valor de 1.400 millones de dólares. Estudio y adaptación a las peculiaridades y naturaleza propias del sector, que puedan alcanzar los agentes sociales en el marco del próximo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva en relación con posibles cláusulas de revisión salarial. Redacción y adaptación al presente convenio de los acuerdos alcanzados en el Grupo de Trabajo de Seguridad Privada creado por el Gobierno con la participación de los agentes sociales. Estas medidas han desplegado, necesariamente, sus efectos sobre los ciudadanos y los agentes económicos, habiendo generado un impacto sin precedentes. Así mismo, muchos de estos operadores críticos vienen obligados por su normativa específica o bien porque así lo impone el Ministerio de Interior o órgano autonómico competente, a dotarse de medidas y servicios de seguridad privada del artículo 52 de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad privada.



Puestos de trabajo. Medidas de prevención e higiene

Grandes extensiones a vigilar y controlar

Comunidades de Vecinos

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Publicada el 27.02.2021

6 de la Ley de seguridad privada 5/2014 de 4 abril que no constituyen actividades de seguridad. En este sentido y en cumplimiento de las previsiones de la disposición derogatoria única de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, tanto el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, como el resto de la normativa dictada en desarrollo de la ya derogada Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, mantienen su vigencia en lo que no contravengan a la propia Ley 5/2014, de 4 de abril. En el supuesto de que, como consecuencia de la actualización por parte de las autoridades competentes del Salario Mínimo Interprofesional, en alguna de las categorías del convenio la retribución computable fuera, en cómputo anual, inferior a los mínimos establecidos por la normativa laboral, se procederá a la actualización que permita su adaptación a dichos mínimos legales. Se acuerda que si por modificación de la normativa europea o española, fueran suprimidas las armas de fuego que actualmente portan los vigilantes de transporte de fondos y explosivos, estos continuarán percibiendo el importe del plus de peligrosidad que en su momento esté recogido en convenio colectivo. 2. Reglamentariamente se determinarán aquellos supuestos en los que, valoradas circunstancias tales como localización, valor de los objetos a proteger, concentración del riesgo, peligrosidad, nocturnidad, zonas rústicas o cinegéticas, u otras de análoga significación, podrá autorizarse la prestación de los servicios de seguridad privada portando armas de fuego. Es algo indudable, que dicho requisito mínimo debería haberse complementado en un futuro Reglamento de Seguridad Privada por otras exigencias a nivel de requisitos como contratista, a nivel de certificaciones en el ámbito de seguridad de la información, y ello sin duda era el espíritu del legislador del año 2014, ante las nuevas amenazas como el ciberataque o el cibercrimen y las nuevas medidas de ciberseguridad que debieran implementarse.


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No obstante, en 2013 debido a importantes cambios socioeconómicos, tanto en la situación de las empresas de seguridad que atravesaban por serias dificultades económicas y de mantenimiento de su empleo, como en el sector de los establecimientos obligados, en especial, en el sector financiero, que resultaba el principal obligado del cumplimiento de dichas medidas de seguridad, hicieron necesaria la aprobación de la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio. La empresa trabaja con instituciones civiles y gubernamentales, y su sitio web describe su objetivo principal como la prestación de "servicios profesionales y de consultoría de confianza en un mundo cada vez más complejo y creciente." En cuanto a los organismos civiles, la empresa presta servicios a los sectores financiero, policial, de transporte, de seguridad nacional y de salud y gestión gubernamental, entre otros. Paradójicamente, empieza a extenderse su uso, a través de las empresas de seguridad, en centros comerciales, urbanizaciones y otros ámbitos. La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos. De acuerdo con lo pactado, las partes acuerdan expresamente que, a partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, no podrán pactarse en los ámbitos previstos en el artículo 84.3 y 4 del actualmente vigente Estatuto de los Trabajadores, materias objeto de negociación en ese Convenio. Artículo 79. Licencias Sindicales. En caso de desacuerdo, las partes deberán someterse al procedimiento previsto en los dos últimos párrafos del artículo 82.3 del E.T.

Seguridad Privada Consultores Cuando no se hubiera solicitado la intervención de la citada Comisión Paritaria o ésta no hubiera alcanzado un acuerdo, las partes deberán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en el artículo 82.3 y 83 del Estatuto de los Trabajadores, para solventar de manera efectiva las discrepancias surgidas en la negociación de los acuerdos a que se refiere este apartado. Artículo 80. Concurrencia de Convenios. No obstante los criterios de prioridad aplicativa vigentes en cada momento respecto de los Convenios Colectivos de Empresa, en virtud de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, o norma que lo sustituya, el presente Convenio Colectivo, a salvo del citado mandato legal, gozará de prioridad aplicativa, con carácter de derecho mínimo necesario, en las materias de organización, jornada máxima y tiempo de trabajo, descanso semanal, vacaciones, jubilación, estructura retributiva y salarios (bases, complementos, horas extraordinarias y trabajo a turnos), licencias y excedencias, movilidad funcional, derechos sindicales y formación, e incluso modalidades de contratación y régimen disciplinario. En el ejercicio de sus funciones y dadas las especiales circunstancias de la prestación de los servicios en esta actividad y las dificultades que comporta la sustitución del personal en sus puestos de trabajo, los representantes de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones como tales, deberán notificar y justificar sus ausencias a sus superiores con antelación mínima de 24 horas. Esta funcionalidad presenta una grilla con un calendario de días, horarios y datos sobre la actividad disponible que se desee reservar.
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